El lunes 9 de junio, la señora Graciela Lara, una mujer de 70 años que mantiene una demanda por despojo en contra de su hermano, llegó a las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX con el corazón agitado.

“Venía casi corriendo desde Balderas y casi me da un infarto… y me salen con que no hay servicio”, narra con molestia.

La cita de esa mañana tenía el objetivo de verificar la autenticidad de las firmas estampadas en documentos que, tal como afirma Graciela, fueron falsificados por su hermano, para adjudicarse una propiedad que pertenecía a varios familiares, a quienes ella ha ido comprando sus respectivas partes.

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La disputa por esta propiedad ha durado ya un año y medio, tiempo en el que la señora Graciela tuvo que lidiar de forma constante con lo que considera un trato negligente por parte la juez civil que lleva el caso.

“Desde el momento en que vi mi firma (en el documento con el que su hermano afirma haber obtenido la cesión del predio), supe que no era mía. Le dije a la juez: ‘Esa no es mi firma, su señoría’ y le llevé un grafólogo. Pero no me lo aceptó. Esa juez no quiso aceptar nada. Todo lo que yo decía lo desechaba. Mi hija me ayudó con un amparo porque, si no, ya nos habrían sacado del departamento”, comenta.

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“Estamos parados y muriéndonos de hambre”: abogados afectados por el paro en juzgados de CDMX

El paro laboral en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México no sólo ha paralizado audiencias y trámites. También ha puesto contra las cuerdas a los abogados litigantes, especialmente a quienes trabajan por su cuenta y viven exclusivamente de los honorarios que cobran cuando un caso avanza. Sin audiencias, no hay pago. Sin resoluciones, no hay ingresos. Y la incertidumbre crece con cada día que pasa sin que se reabran las oficinas judiciales.

“Nosotros no podemos siquiera ver un asunto. Tenemos audiencia y de repente paran el juzgado. Eso nos retrasa dos o tres meses, dependiendo”, dice el abogado Gregorio Rodríguez, de 75 años, con más de cinco décadas de experiencia en juicios familiares. “Y lo peor es que no avisan. Nada más llegamos y nos dicen: ‘ya están en paro’. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos así?”, cuestiona.

Desde que inició el paro en los tribunales capitalinos, Gregorio ha vuelto una y otra vez a las instalaciones del Poder Judicial en la colonia Centro, sólo para confirmar que no hay calendario oficial de audiencias. “Ni los trabajadores saben qué pasa, porque ni ellos pueden entrar. Están desorganizados. Algunos nos dicen una cosa, otros otra. Y, mientras tanto, nosotros estamos parados, sin poder trabajar”.

En su portafolio, Gregorio carga expedientes de juicios sucesorios de distintos clientes que necesitan ser reconocidos como albaceas; o como beneficiarios, para poder cobrar una pensión; o para tomar posesión de una herencia.

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“Tengo una cliente que viene desde Oaxaca y ella ya lleva una semana aquí, y nada. No puede ni ver su expediente. ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo le dices que todo está parado y que no sabemos hasta cuándo?”, se queja.

Gregorio recuerda el caso de otro expediente que estuvo buscando durante dos meses. El último día que los juzgados estuvieron abiertos, fue a insistir. La respuesta: se fue ayer al archivo.

“¿Cómo que ayer? Llevábamos semanas buscándolo y nadie nos decía nada. Ahora hay que meter un escrito para que lo manden de vuelta. Y eso se tarda entre 20 y 25 días… si tienes suerte”.

Peor aún: si no aparece, hay que reiniciar el juicio. Y eso cuesta. Hay que pagar 104 pesos por expediente.

Desde que en 2024 comenzó la eliminación de juzgados del sistema tradicional (como parte de la transición al sistema oral de justicia en la Ciudad de México) miles de expedientes han sido redirigidos a las instalaciones que se mantienen en operación, duplicando su carga de trabajo, sin proporcionarles más recursos para desahogralos.

“Mandan 10 mil expedientes a un juzgado que ya estaba saturado, y qué crees que pasa. Colapsa. Si ya estaban atrasados, ahora más. Y si el expediente estaba inactivo, lo mandan al archivo. Y para pedirlo, hay que hacer más trámites. Más papeles. Más tiempo”, lamenta sin disimular su frustración.

“Si no hay audiencias, no hay ingresos”

La licenciada Eugenia, también abogada independiente, suscribe la frustración de Gregorio: “Yo dependo de honorarios, no tengo sueldo ni prestaciones. Si no hay audiencias, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay comida, ni renta, ni luz. Esto no es un tema laboral, es el patrimonio de mi hija lo que está en juego”.

Su hija tiene una discapacidad y depende al cien por ciento de ella. Desde que comenzó el paro, Eugenia ha tenido que suspender varias audiencias. Una de ellas, clave: la cancelación de pensión alimenticia para un cliente que ya no está obligado a pagarla, pero al no dictarse sentencia, le siguen descontando dinero.

“Es injusto para él y para mí, porque tampoco me pagaron. La audiencia estaba agendada. Ya la habían reagendado antes por el paro. Y ahora, otra vez”, explica.

Otra clienta la buscó para revisar su juicio sucesorio. Pero sin acceso al expediente, no pudo darle respuesta.

“Y aunque tenga contrato de servicios, muchos clientes no quieren pagar si no ven movimiento. No entienden que estamos completamente detenidos”.

Eugenia lleva más de 11 años y medio litigando en materia familiar. Sabe moverse en los juzgados, sabe buscar soluciones. Pero esta vez, se topó con un muro.

“Vengo todos los días con la esperanza de que alguien me contrate. Me quedo a dar asesorías afuera, a ver si genero algo. No me puedo dar el lujo de quedarme en casa. Ya estoy usando mis ahorros”, dice.

Sus palabras se cruzan con las de Gregorio, aunque no se conozcan: “Mientras no resolvamos los asuntos, no cobramos. Y sin cobrar, no comemos. Y así estamos todos”.

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2023 del Poder Judicial de la Ciudad de México, las materias civil y familiar son las que concentran el mayor número de expedientes ingresados en la capital. Tan sólo en 2022, los juzgados familiares recibieron más de 143 mil asuntos nuevos y los civiles más de 71 mil.

Esta carga de trabajo, sumada a la escasez de personal, la coexistencia de sistemas escritos y orales, así como la eliminación de juzgados, ya provocaba retrasos en la resolución de casos de meses e, incluso, años. A ese tiempo habrá que añadir ahora lo que dure el paro laboral.

Y, posteriormente, la transición entre los jueces aún en funciones y aquellos que acaban de ser electos el pasado 1 de junio.

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