Morena impugna más de 30 elecciones municipales en Veracruz y Durango; alega irregularidades
Tras los resultados del 1 de junio, Morena sumará una treintena de impugnaciones en las elecciones municipales de Veracruz y Durango. La dirigencia de ese partido informó que en Veracruz impugnará 24 municipios, mientras que en Durango serán siete.
Los comicios veracruzanos llevados a tribunales son los correspondientes a los municipios de Tlacotepec de Mejía, Acatlán, Naranjos, Amatlán, Acultzingo, Juchique De Ferrer, Chalma, Puente Nacional Omealca, Mecayapan, Texistepec, Tepetlan, Texcatepec, Tlachichilco, Jaltipan, La Antigua, Chocaman, Ixhuacan de Los Reyes, Coacoatzintla, Coscomatepec, Gutiérrez Zamora, Zontecomatlan, Soledad Atzompa, Sayula de Alemán, además de Poza Rica.
En Durango, Morena llevará a tribunales las votaciones de Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios, Pánuco, Ocampo, Cuencamé y Nazas.
Las impugnaciones de Morena ocurren luego de que los resultados electorales representan un retroceso en el número de municipios gobernados por ese partido.
Operación fallida de Morena en las elección municipales de Veracruz y Durango
El retroceso de Morena se dio a pesar de la estrategia electoral que desplegó en Veracruz, un estado que ya gobierna, y principalmente en Durango, donde siempre ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, se fue a vivir a Durango desde dos meses atrás porque, dijo, se planeaba una “elección de Estado” por parte del gobierno estatal.
Además de López Beltrán, entre 50 y 80 diputados federales de Morena visitaron frecuentemente Durango para participar en la estrategia electoral y apoyar a las candidaturas en sus recorridos.
El senador zacatecano Saúl Monreal explica que de forma paralela a la promoción de la elección judicial, los legisladores participaron en las actividades correspondientes a los comicios locales de Durango y Veracruz.
“Sí teníamos algunos legisladores, diputados federales, senadores, responsabilidad de coadyuvar a fortalecer las estructuras, capacitaciones desde los representantes de casilla, a promover también en su momento el voto para Morena, el darle sistematización a toda la campaña y eso fuera parte de las funciones que a nosotros nos encomendaron desde la dirigencia nacional”.
La movilización de legisladores en Durango se dio a petición de López Beltrán, quien pidió ayuda a todos los diputados federales para ganar la elección municipal de Veracruz y sobre todo la de Durango. Sin embargo, en el estado norteño solo se desplegó alrededor de una cuarta parte de la bancada de Morena, conformada por 253 legisladores.
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Dolores Padierna, morenista y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció que la carga de trabajo en San Lázaro y en la Comisión Permanente le impidió acudir a dos municipios de Durango donde le tocaba apoyar, por lo que trató de hacerlo a distancia.
Sumado al trabajo en el Congreso, los morenistas también participaron en la promoción de la elección judicial y en la afiliación de 10 millones de personas a su partido, otro encargo que Andrés Manuel López Beltrán le dio a los legisladores.
“Muchas cosas empalmadas, yo sentí que (el partido) nos cargaba la mano”, comentó Padierna sobre las múltiples tareas que realizaron en los últimos meses. Además, aseguró que los congresistas se hicieron cargo de los gastos de la promoción de la elección judicial y el apoyo a las elecciones de Durango y Veracruz.
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Morena defiende resultados “favorables en Durango”
Desde el día posterior a la jornada electoral, la dirigencia morenista insistió en que los resultados que su partido obtuvo en Durango les fueron favorables, pese a que su coalición (Morena, PT y PVEM) gobernaría dos municipios menos tras los comicios, al pasar de 18 a 16.
El principal argumento de la dirigencia morenista es que gobernarán a más población al pasar de 15.14% a 33.05%, incluidos los municipios de Santiago Papasquiaro y Gómez Palacio, el segundo más grande de la entidad.
A través de un podcast de su partido, López Beltrán acusó al órgano electoral de Durango de no reconocer anomalías en cinco municipios: Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Nazas y Nombre de Dios, y denunció compra de votos en Ocampo, Nuevo Ideal y Guanaceví.
“No hay democracia hoy en Durango. Eso lo puedo validar en los dos meses que estuve (…) Es un buen aprendizaje, porque sabemos que el próximo año viene la elección de Coahuila y es más que obvio que la operación va a ser muy similar”.
López Beltrán acusó al coordinador de los Diputados del PRI, Rubén Moreira, de “estar detrás del fraude”. En tanto, el priista, quien es el representante de ese partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ha atribuido la derrota de Morena en la capital duranguense —donde quedó en tercer lugar— al desconocimiento del territorio.
En entrevista, la senadora duranguense Margarita Valdez defendió que en Durango no se puede calificar como un retroceso, debido a que no lograron la victoria en territorios donde no gobernaban.
“No pudimos ganar, no lo considero pérdida, la capital, porque nunca la hemos tenido, siempre ha sido prianista excepto seis años que estuvo el PT, pero eso hace 30 años”.
De la misma forma que su dirigencia, atribuyó la intervención del gobierno estatal como un factor determinante en los resultados.
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“(El gobernador Esteban Villegas) metió las manos hasta la escápula, todo completamente a través de sus operadores, a través de una tarjeta madre, que no debió haberlo hecho porque era periodo electoral. Estuvo haciendo visitas privadas y en corto a varios de los municipios que sí los ganó, nos consta que a dónde fue sí los ganó”.
La legisladora señaló que, aunque la ciudadanía de Durango ha mostrado afinidad con los valores de Morena, no ha ocurrido lo mismo con todos sus candidatos.
“Creo yo que algunas veces nosotros, los candidatos, las candidatas, somos las que no hacemos empatía con los ciudadanos”.
En ese sentido, un integrante del partido Morena que pidió no citar su nombre, señaló que el candidato morenista José Ramón Enríquez, con pasado priista, no fue la mejor opción para contender por la capital.
Veracruz: resultados de una alianza que no se concretó
Las dirigencias nacionales de Morena y el Partido del Trabajo no lograron llegar a acuerdos para establecer una alianza en Veracruz y decidieron ir por separado. La decisión impactó principalmente al partido Morena.
Si en 2021, la coalición Morena, PT y Partido Verde obtuvo 67 victorias municipales, en 2025 la alianza Morena-PVEM alcanzó 60 triunfos.
Además, en los territorios donde el partido Morena contendió en solitario pasó de 20 triunfos a 11, lo que en número de personas gobernadas significa la disminución de 844 mil 406 a 350 mil 102.
Entre Morena y el PT, los votantes de 22 municipios eligieron al segundo, que pasará de 6 gobiernos municipales a 28 bajo su gobierno.
Esos resultados derivaron en que el presidente del PVEM en Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, declarara que su partido en la localidad analizará si le conviene contender con Morena o en solitario.
La dirigencia nacional de Morena ha rechazado que haya habido una derrota en Veracruz. Más allá de los resultados en las presidencias municipales, destaca que gobernarán a un porcentaje mayor de personas, al pasar de 60.03 % a 65.01 %, si se contemplan todas las victorias de Morena, PT y PVEM.
Para el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la alianza fallida con el PT fue clave en los resultados para su partido. Otro factor, dice, fue la violencia electoral en la entidad, que pudo inhibir la participación ciudadana que alcanzó el 49.98 %.
“No nada más son los (municipios) que gana el PT, sino los que dejamos de ganar por ir separados. Y si la separación se da en las burocracias partidistas, pues esta separación a veces el partido la genera hasta con la sociedad, elige no los perfiles adecuados (…) Yo lo veo como una oportunidad para que de manera autocrítica, todos los partidos, el movimiento revise sus estrategias, sus prácticas”, señala en entrevista.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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