Los cómputos distritales de la pasada elección del Poder Judicial de la Federación (PJF) concluyeron y con ello podemos conocer a las candidaturas que recibieron más votos, las y los virtuales ganadores de la contienda.
Pero aún faltan distintos procesos que tiene que completar el Instituto Nacional Electoral (INE), antes de entregar las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección, lo que se prevé que ocurra el próximo 15 de junio.
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Antes de declarar a los ganadores, el INE revisará que las candidaturas con más votos cumplan con los requisitos de elegibilidad y, en particular, aplicará el protocolo “8 de 8 Contra la Violencia”, que busca evitar que personas con sentencias por delitos violentos, violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, o quienes fueran deudores alimentarios morosos obtuvieran una candidatura.
El catálogo del “8 de 8” busca impedir la postulación de cualquier persona que haya sido sancionada por violencia física o psicológica contra otra persona; violaciones a la libertad y seguridad sexuales; actos que obstaculicen el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política en razón de género; incumplimiento de obligaciones alimentarias; estar prófugo de la justicia o haber perdido derechos políticos por sentencia firme, como establece el artículo 38 de la Constitución.
Desde abril, el INE lanzó una plataforma para recibir denuncias de la ciudadanía contra candidaturas que cumplieran alguno de estos impedimentos.
En un informe preliminar presentado el pasado 5 de junio, el INE reportó haber evaluado 13 casos, de los cuales seis se declararon sin hallazgos por violencia contra las mujeres por razones de género, y en siete más se señalan como pendientes en respuesta de la entrega de información de alguna autoridad local, principalmente tribunales estatales.
De acuerdo con el calendario del INE, a más tardar el viernes 13 de junio se debe presentar el anteproyecto con estos hallazgos ante la Comisión de Igualdad de género y no discriminación y, una vez aprobado, se discutirá en la sesión del Consejo General del INE el 15 de junio, mismo día en que se prevé entregar las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.
Una vez terminado el cómputo de votos, además de la revisión de elegibilidad, el INE tendrá que realizar la asignación de cargos para cumplir con los lineamientos de paridad de género.
Estos criterios contemplan que la asignación de cargos por materia de especialidad entre mujeres y hombres se haga de manera alternada. Pero además contempla algunas reglas específicas para cada entidad y nivel de posición en el PJF.
En el caso de los cargos elegidos en todo el país, las plazas se asignarán de este modo: para la Suprema Corte, se otorgarán cinco lugares para las mujeres y cuatro para los hombres que más votos hayan recibido. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, serán tres lugares para magistradas y dos para magistrados; mientras que para la Sala Superior del TEPJF, se otorgarán un lugar para mujer y uno para hombre.
Para las salas regionales del TEPJF, donde hay tres lugares por cada una de las cinco salas, se entregarán dos plazas a mujeres y una para hombres.
Mientras que en las elecciones para magistraturas de circuito y juzgados de distrito, se usarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres ordenados por mayor votación. Con ello, se asignarán los cargos por especialidad de manera alternada empezando siempre por una mujer.
En los casos en que haya especialidades con una vacante única para ambos géneros, se asignará a la persona que haya recibido más votos; pero esa plaza podrá asignarse a la mujer más votada en el distrito en caso de que haya más hombres que mujeres electos para esa especialidad en la entidad o en general en el distrito judicial electoral.
El INE además explica en sus lineamientos que se buscará que haya paridad por cada especialidad, tanto a nivel de distrito judicial electoral, como en cada circuito judicial o entidad federativa según sea el caso.
Esta medida contempla un criterio llamado paridad flexible, por el que se buscará que el número de mujeres sea por lo menos igual al de hombres; pero en caso de que haya más mujeres ganadoras de un cargo que hombres, no se realizará ningún ajuste.
Independientemente de la entrega de constancias de mayoría el 15 de junio, la fiscalización de las campañas terminará el próximo 28 de julio. Y de sus conclusiones también podrán derivarse impugnaciones.
Las candidaturas tuvieron hasta el pasado 31 de mayo para presentar los informes finales de gastos. Mientras que el INE revisará estos informes y deberá notificar errores y omisiones hasta el próximo 16 de junio; las candidaturas podrán responder y hacer la aclaraciones pertinentes hasta el 21 de junio.
Pasado ese periodo, el 11 de julio se tendrá que presentar el dictamen final a la Comisión de Fiscalización, mismo que deberá aprobarse a más tardar el día 18 de julio. En ese ínter, las candidaturas tendrán hasta el 15 de julio para liquidar cualquier crédito solicitado para sus gastos de campaña. Finalmente, el Consejo General del INE deberá aprobar el dictamen a más tardar el 28 de julio.
Cabe recordar que los topes de gastos de campaña para las candidaturas fueron de hasta 1 millón 468 mil 841.33 pesos para las y los aspirantes a la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Mientras que las candidaturas a magistrados de la Sala Regional del TEPJF pudieron gastar hasta 881 mil 304.80 pesos; los aspirantes a una magistratura de Circuito y de Apelación tuvieron 413 mil 111.63 pesos como límite, y las candidaturas a juzgados de distrito no debieron superar los 220 mil 326.20 pesos.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), sobrepasar estos gastos puede ser motivo de sanción, que va de amonestación pública, multa económica de hasta 565 mil 700 pesos o hasta la pérdida de registro de la candidatura en caso de faltas graves.
En los lineamientos de fiscalización del Proceso Electoral del Poder Judicial se menciona que esto puede ocurrir por recibir recursos públicos o privados, o bien, por la asistencia a eventos de partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes u organizaciones que busquen conformarse como partido político.
Cabe precisar que el plazo para que se presenten y resuelvan impugnaciones por el triunfo de alguna candidatura comienza una vez que se entreguen las constancias de mayoría, el próximo 15 de junio, y termina el próximo 28 de agosto, tres días antes de que tomen posesión ante el Congreso de la Unión.
Las impugnaciones deberán resolverlas la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, sólo en el caso de la elección de las magistraturas de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral.
Finalmente, el PJF tiene hasta el 15 de septiembre para terminar la adscripción de cargos, es decir, asignar su nuevo puesto de trabajo a las personas electas.