El día después del derrumbe: la enorme oportunidad de repensar la justicia
Tras la reforma judicial en México parece inminente la implosión de la justicia, o por lo menos de la justicia como típicamente se define en una democracia constitucional. Por tanto, una pregunta importante para nuestra sociedad deberá ser: ¿y luego…?
El derrumbe de la justicia en algunos aspectos ya ha iniciado. El Poder Judicial, bajo la actual reforma, ya ha perdido su naturaleza de contrapeso. Tradicionalmente una democracia constitucional es un gobierno de tres poderes distintos y no de tres poderes iguales. Se supone que uno representa a la mayoría, otro representa a la diversidad existente en el país y otro representa a la ley para garantizar que todos juegan con las mismas reglas. La reforma tergiversa la naturaleza del Poder Judicial. Con la reforma, el Poder Judicial deja de ser un actor técnico. Su fuente de poder es el sufragio ganado con propuestas (aunque en teoría hay muy poco que un juzgador puede proponer que no sea seguir la ley), con su trayectoria (aunque penalizar a un litigante por a quienes ha representado le propina un golpe a la debida defensa como tema de interés público) y por su ideología (aunque un requisito fundamental del juzgador es la objetividad).
Aun aceptando que el Poder Judicial deja de ser actor técnico, salimos perdiendo. La elección no solo politizó al Poder Judicial, también lo hizo partidario. En vez de tener un proceso pausado y gradual que modificara la naturaleza del Poder Judicial, la prisa y desaseo con la que se diseñó e implementó la reforma convirtió la elección en una simulación de expresión de voluntad popular. Para el grueso de aquellos ciudadanos que quisieran participar, el único vehículo dable para elegir era utilizar la recomendación de alguien. En su mayoría los participantes utilizaron la recomendación del partido gobernante para definir su voto. La elección se materializó como una caricatura de ejercicio democrático al necesitar un acordeón que dijera cuál es tu voluntad.
Sería suficientemente terrible entregar la resolución judicial de conflictos particulares a manos de un poder hegemónico absoluto, pero enfrentamos un riesgo aún mayor. En México la justicia, sobre todo la local, se entrega a un mosaico de poderes políticos y fácticos. No podremos contar con la triste certeza de que un gobierno autocrático controlará las decisiones. Debemos enfrentar la incertidumbre de no saber de cierto a quien obedece cada operador judicial.
Las rupturas con los pilares que típicamente sostienen al Poder Judicial anuncian su derrumbe. Pero su fin no será necesariamente un entierro triste. Nadie podría hacer una defensa razonable de la impartición de justicia en México. Son ampliamente conocidas las cifras que colocan los índices de impunidad arriba del 98 %. Son conocidas porque hace décadas que no se han modificado más que milimétricamente. Sin embargo, a pesar de ser de los problemas más sentidos en el país durante múltiples sexenios, esta realidad no cambia.
Las instituciones de justicia y en particular el Poder Judicial, son de los órganos más difíciles de reformar. En parte se debe a la cantidad de poder que ejercen y por tanto los importantes poderes que les protegen. También se debe a que la ley y el derecho se han constituido como autoridades prácticamente intocables. El derecho y sus laberintos se establecen como dogma: incuestionable e intocable. La sociedad se lamenta de la falta de acceso a la justicia cuando la inaccesibilidad forma parte de la naturaleza misma con la que opera la justicia. Se constituye como autoridad que posee un saber único y elevado, el cual las personas que no pertenecen a su gremio desconocen. La inaccesibilidad es parte elemental de su protección. En algunas ocasiones es necesario utilizar lenguaje técnico para tener precisión en el significado. A menudo en la justicia el lenguaje técnico simplemente mantiene el manto de exclusividad protectora. Por más que se le busca, no hay significado distinto o matizado cuando se dice “el de la voz” en vez de “fulano dijo”, o cuando se refiere a quien interpuso la queja como el “impetrante de garantías”.
A pesar de tantos años de ser el poder intocable, hoy somos testigos de su derrumbe. Ante la imperiosa necesidad de reformar la justicia, muchos hubiéramos elegido rutas menos radicales que ponerle un cerrillo. Sin embargo, ya que se le prendió fuego, y al irse despejando el humo, vemos que estamos frente a una enorme oportunidad. El derrumbe de la justicia nos deja con la posibilidad de repensar el sistema de justicia que queremos. A diferencia del ave fénix, el reto es de las cenizas construir algo nuevo y diferente. En estos tiempos extraños, personalmente no creo que podría soportar la decepción si después de este derrumbe terminamos rehaciendo una versión remozada del mismo adefesio disfuncional que ha sido nuestro sistema de justicia.
Repensar la justicia que queremos exige poner de lado el dogma. Se necesitan nuevas miradas amplias. Es indispensable salir de la polarización y la censura para apelar a la razón como ejercicio, como disciplina y como placer, dentro de espacios en los que sea válido decir “y que si…”. Son espacios necesarios porque lo que no se habla en voz alta, sucede en silencio. Cuestionar si el Poder Judicial debe o no ser un contrapeso a quien representa la voluntad de la mayoría ha sido una pregunta que en muchos círculos levantaría más que una ceja. Sin embargo, mientras en círculos letrados no se discute lo indeseable, nuestra presidenta abiertamente lo introduce como realidad. “La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va”. 1
Repensar la justicia significa múltiples esfuerzos simultáneos en los que se discutan los dilemas fundacionales del sistema judicial. ¿Debe ser la justicia un poder de la nación o un servicio público? ¿Cuál es el equilibrio entre la independencia de criterio judicial y la rendición de cuentas? ¿Se quiere ampliar la capacidad de atender la demanda de justicia o es necesario desahogarla con medios alternativos de solución de conflictos? En nuestro modelo de nación, ¿queremos empoderar al sistema judicial local o es necesario someterlo al criterio federal en aras de resguardar el pacto social y los derechos humanos? ¿Hasta dónde la formalidad que da certeza jurídica impide que la justicia resuelva sensatamente los problemas de las personas?
Son muchos temas a discutir. Algunos son complejos y técnicos. No será fácil y requerirá de tiempo, neurona y saliva de muchos y muchas. No se sabe a qué tipo de propuestas nos podrán llevar estas preguntas. Lo único cierto es que no se llegará a una respuesta, si la única pregunta es ¿quién puso el cerrillo?
* Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.
1 La Mañanera del Pueblo 18 Octubre, 2024.
El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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