Las formas importan: el procedimiento y la legitimidad de la elección judicial
La inédita elección judicial del pasado 1 de junio es, quiérase o no, un parteaguas de nuestra historia política. A expensas de las salvedades que tenga el Instituto Nacional Electoral respecto de las personas elegidas para conformar el nuevo Poder Judicial Federal (y los poderes judiciales locales que también se sometieron a votación, no olvidemos) o las impugnaciones que se presenten tras la oficialización de los resultados, podemos decir, con un poco de ironía y abusando del juego de palabras, que esto es “cosa juzgada”. Pasada la jornada electoral extraordinaria, queda por intentar dotar de sentido a lo ocurrido para saber en dónde estamos parados.
Para ello, me interesa enfocarme en una cuestión fundamental: el procedimiento, es decir, los pasos y reglas a seguir durante un proceso electoral, que son los actos preparatorios de la jornada electoral. Sí, lo sé, es tal vez la parte más aburrida o anticlimática de toda jornada electoral; sin embargo, sin ella no es posible decir que unas elecciones sean relevantes, válidas o, incluso, representativas de la voluntad popular expresada en las urnas. Los resultados, las campañas y quienes participan siempre dan el color de toda elección; tal vez la relativa confianza y certeza electoral que vivimos durante los últimos 25 años, a excepción de la elección de 2006, nos hizo omisos ante la relevancia del procedimiento como garante de la legitimidad democrática de las elecciones.
En el derecho y la política el procedimiento es el puente entre las normas y su aplicación, entre el poder y la autoridad. La validez de las normas no depende sólo de las posibilidades y límites que dicten para una acción determinada, sino por los pasos y los requisitos que permiten juzgar si esta acción es válida o no… (por ejemplo, los límites de velocidad: mientras un vehículo no lo exceda no debe ser sancionado por eso). En el caso de la política, el paso del poder a la autoridad requiere de pasos y requisitos que dotan de validez y legitimidad al primero para considerarlo, entonces, como un acto autorizado.
Sé que parece una visión demasiado técnica y formal, hasta fría, de la política y el derecho; incluso puede decirse que es una visión ingenua o idealista sobre la política, porque las autoridades y los gobernantes desdeñan con facilidad los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Y es cierto, no podemos ignorar que eso ocurre, pero cuando fallan o faltan los procedimientos, conocemos los abusos del poder y del derecho, así como sus consecuencias en situaciones de violencia y explotación. Sin embargo, uno de los mayores logros de la democratización en nuestro país fue consolidar un procedimiento electoral que fuera confiable para la ciudadanía (que tampoco es perfecto, lo sé).
La principal aportación de los procedimientos es que nos dejan un testimonio claro de las decisiones que se toman, los recursos que se ejercen y las consecuencias de los actos. Además, ofrecen cierta regularidad sobre la que se cimenta la confianza de las personas: si sabemos que debemos participar en elecciones periódicas, lo mejor que podemos esperar es que cada vez que lo hagamos las reglas y los pasos a seguir sean los mismos. Por eso las reformas electorales siempre son de trascendencia nacional y hasta generacional: cambiar las reglas del juego cambia nuestras expectativas de sus resultados.
Pero en esta ocasión fue distinto porque desde un principio hubo sospechas y reservas sobre los procedimientos seguidos. No me refiero solamente a la aprobación de la reforma judicial, situación ampliamente discutida y criticada por las formas con que Morena logró el cambio más importante en el Poder Judicial de los últimos 30 años, sino a la postulación de candidaturas, la selección de los perfiles y las limitaciones que enfrentó la autoridad electoral. Cada paso del proceso, desde la Reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 hasta la elección del 1 de junio de este año, enfrentó desconfianza hacia los procedimientos para realizar esta elección.
Lo que inicialmente era un proceso tripartito entre los poderes de la Unión, fue definido solamente entre el legislativo y el ejecutivo: el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunció en enero de 2025 porque consideró imposible realizar su trabajo de conformación de las listas de candidaturas, pues consideraba que debía acatar las resoluciones de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma y sus leyes secundarias. En consecuencia, el Poder Judicial no presentó una lista de candidaturas, función que asumió el Poder Legislativo. En lugar de buscar una solución política a un problema jurídico, ninguno de los poderes accedió a encontrar un punto medio que era necesario para que esta reforma contara con, al menos, el respaldo formal de los tres poderes.
La conformación de listas por el legislativo y el ejecutivo estuvo marcada por falsas postulaciones, nombres de personas con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, denuncias por violencia sexual y de género, participación en procesos polémicos como el despojo de tierras, episodios de desaparición y represión de activistas en defensa de distintas causas, o violaciones de derechos humanos. Ninguno de los dos poderes atendió a estos señalamientos y sus listados carecían de una evaluación apropiada de los perfiles. En algunos casos hubo candidaturas únicas, donde lo único que quedaba por hacer en la elección era contar cuánta gente votaba por esa candidatura.
Igualmente, no podemos olvidar las limitaciones y carencias inducidas contra el Instituto Nacional Electoral, pues afectaron los procedimientos y el proceso en su conjunto. En lugar instalar todas las casillas como en la elección federal de 2024, los recortes presupuestales y la negativa del Ejecutivo por reponer el dinero necesario obligó a realizar los ajustes que hicieran posible que la elección se realizara, sin más. En consecuencia, hubo menos casillas, funcionarias y funcionarios para apoyar a la ciudadanía que accedió a participar en esta labor democrática, menos capacidad de organización y de vigilancia de un proceso, y un proceso dilatado de cómputo de los resultados que requería toda la capacidad institucional para hacerse de una legitimidad política.
La suma de candidaturas cuestionables, de un instituto reducido y abiertamente incapacitado para dotar al proceso de los principios fundamentales de nuestro sistema electoral (independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y perspectiva de género), y la abierta promoción partidista de candidaturas preferidas por parte del oficialismo, desembocaron en la jornada vista el domingo. Una bajísima participación atribuible a distintos factores: desinformación, falta de cobertura en las casillas, un desinterés motivado por la abierta campaña de promoción encabezada por el gobierno federal y Morena. A pesar de ser una elección extraordinaria, es preocupante que sólo participara el 13 % de los votantes registrados en nuestro país, sólo por encima de la consulta popular de 2021 (7.11 %) y debajo de la revocación de mandato en 2022 (17.78 %), los otros procesos promovidos por el oficialismo como muestra de la democratización plena de nuestro país.
No puede desestimarse el desdén por el procedimiento como causa de la baja participación: si no confiamos en las elecciones que se van a realizar, ¿qué nos motiva a participar? De cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se incluirán las elecciones judiciales en un proceso ordinario por primera vez, no podemos repetir esta experiencia, pues una ciudadanía que desconfía de las elecciones puede abandonar rápidamente la voluntad de manifestar sus preferencias de esa manera. Me gustaría darle un voto de confianza al régimen para revisar los resultados de esta elección y corregir, y no repetir los errores que minaron los procedimientos; sin embargo, los antecedentes nos han demostrado lo contrario y nos enfrentaremos ahora a un nuevo statu quo: el desdén del procedimiento, la desconfianza de los resultados y la posible apatía de una ciudadanía que manifestará sus descontentos por otros medios.
* Armando Luna Franco (@drats89) es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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