Crónica de un fracaso anunciado: los vicios de la elección judicial
La elección judicial está plagada de problemas. Algunos son problemas de origen, derivados de un principio erróneo: la idea de elegir a las personas juzgadoras es una pésima idea porque en lugar de apostar por la imparcialidad o la garantía de los derechos de las minorías, incentiva apostar por las ideas más populares y, por definición, en detrimento de las minorías. Desde esta perspectiva, la idea misma de campañas judiciales carece de sentido. Las propuestas de campaña son un cúmulo de lugares comunes, pues la labor judicial no consiste en diseñar políticas públicas, sino en estudiar casos concretos, contextualizarlos y proteger los derechos de las personas involucradas. Nada que pueda realmente identificarse en una campaña. Así, los incentivos orillan a generar campañas que apelan a que la ciudadanía memorice nombres, números y colores. Esto en el mejor de los casos.
Aunado a esto, hay también problemas con las reglas que materializan estas malas ideas. Un ejemplo de ello son las restricciones sobre el gasto de campaña. Estas restricciones sólo generan fuertes incentivos para que los distintos grupos de poder (partidos, intereses económicos, delincuencia organizada, etc.) participen por debajo del agua, proveyendo recursos para beneficiar a las candidaturas que más adelante responderán a sus peticiones e intereses. Esto no sólo provoca la captura del Poder Judicial por parte de estos grupos, sino que profundiza las inmensas desigualdades y produce una cancha sumamente dispareja para cualquier persona que desee participar en el proceso sin el apoyo de alguno de estos grupos.
Pero los problemas no se quedan ahí. Las reglas para traducir los votos de la ciudadanía en cargos judiciales (es decir, el sistema electoral judicial) son un absoluto desastre, particularmente en lo que respecta a las magistraturas de circuito y las y los jueces de distrito. Destaco tres problemas concretos que encuentro en la elección de magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito.
1. La distribución geográfica de los cargos
Mientras la elección de los poderes ejecutivo y legislativo sigue una lógica geográfica de origen donde elegimos a quienes nos representan geográficamente (país, entidad o distrito electoral), la labor judicial no opera bajo la misma lógica. Si bien los circuitos judiciales sí corresponden con las entidades federativas, la consideración que mete en problemas al sistema electoral judicial es la materia o especialidad. Las personas juzgadoras que ocupan estos cargos no resuelven cualquier caso, sino que resuelven aquellos casos que corresponden a la materia en la que se especializan. El problema es que las especialidades no se distribuyen de manera equitativa o proporcional a la población a lo largo y ancho del país. La centralización administrativa ha provocado que las ciudades grandes y muy particularmente la Ciudad de México, concentren una cantidad desproporcionada de cargos y especialidades.
Para hacer frente a este reto, el INE subdividió en varios distritos electorales judiciales a aquellas entidades con una mayor cantidad de cargos a elegir para que ningún distrito concentre la elección de más de 10 cargos de magistraturas o jueces. El problema es que se tomó la totalidad de los cargos a elegir y se repartió aleatoriamente entre estos distritos electorales judiciales, procurando que todas las personas elijan al menos un cargo de materia penal, pero repartiendo arbitrariamente el resto de las especialidades. 1 Esta es la razón por la cual no es ni siquiera la ciudadanía de la Ciudad de México, sino específicamente la de Iztapalapa, quien elegirá, por ejemplo, a las personas que ocuparán los cargos de la especialidad de competencia económica. Una especialidad que podría, potencialmente, afectar los grandes intereses económicos presentes en todo el país, en manos de unas cuantas personas en Iztapalapa. Este es uno de los problemas de fondo a los que difícilmente se les podrá dar la vuelta y uno de los muchos ejemplos de por qué llevar a cabo elecciones judiciales es una mala idea.
2. Doble votación por cargo
Mientras la elección de la Suprema Corte es directa -le piden a la ciudadanía un voto por cada cargo-, para elegir las magistraturas y jueces se le solicita a la ciudadanía dos votos por cada cargo, lo cual genera inmensas distorsiones e inequidades en la contienda. Me explico. En la Corte queda claro: tendremos 9 personas, 5 ministras y 4 ministros. Así, la ciudadanía debe seleccionar a 5 mujeres de entre las 32 candidatas y a 4 hombres de entre los 31 candidatos. Las 5 mujeres y los 4 hombres con la mayor cantidad de votos conformarán la Corte. Sin embargo, para las magistraturas de circuito y las y los jueces de distrito no hay claridad en absoluto. Tan es así, que el Consejo General del INE aprobó estas boletas un mes más tarde, tras una mayor -aunque claramente insuficiente- discusión.
En este caso, la falta de claridad proviene de un muy torpe intento por ajustarse a las reglas de paridad en la elección. En lugar de pedir a la ciudadanía que elija a una persona por cada cargo y ya a la hora de repartir los cargos aplicar las reglas de paridad, se determinó que cada persona elija a dos candidaturas por cargo: una mujer y un hombre. El problema es que en muchos casos, 2 hay un número disparejo de hombres y mujeres candidatas por cargo, lo cual provoca enormes distorsiones en la contienda. Presento un ejemplo hipotético para ilustrar por qué. Imaginemos que en un distrito electoral judicial se elegirá a una persona para ejercer una magistratura en materia mercantil. Sin embargo, hay cuatro personas candidatas para ejercer este cargo: 3 mujeres y 1 hombre. En lugar de pedir a la ciudadanía correspondiente a este distrito que elija a una de las 4 personas, se le pide que vote por una mujer (a elegir entre las 3 posibles) y por un hombre (como sólo es uno, la única opción disponible es votar por él). En este escenario tenemos la certeza de que la persona con la mayor cantidad de votos para ocupar este cargo es el candidato hombre, con el 100 % de los votos. Mientras que las mujeres recibirán, necesariamente, una cantidad menor de votos por simple lógica aritmética. Así, antes incluso de llevar a cabo la elección, hay personas candidatas que ya perdieron. A diferencia del problema anterior, que resulta mucho más difícil de resolver, esto sí es algo que el INE debió haber previsto y evitado.
3. Lista de especialidades no depurada
Por último, presento un problema que, aunado al anterior, tendrá efectos sumamente perniciosos sobre la contienda: el listado de especialidades. En lugar de definir un listado acotado de especialidades para quedar en alrededor de 8, el Senado envió el listado sin depurar con 23 rubros. 3 Por ejemplo, “civil y de trabajo”, “civil y del trabajo” y “civil y trabajo” son consideradas como tres especialidades distintas. El problema es que el INE utilizó este listado para el reparto de cargos y especialidades. Este podría parecer un error menor, pero no lo es. Más allá de la confusión que puede causar entre la ciudadanía, el problema más grave es que empeora considerablemente el problema mencionado anteriormente. Si las personas se clasifican según su especialidad y se consideran 23 especialidades, habrá una mucho menor cantidad de candidaturas por especialidad que si hubiera sólo 8. Un listado depurado reduciría considerablemente la falta de candidaturas por especialidad que provoca las distorsiones ya mencionadas. Aquí no queda claro a qué autoridad le correspondería la depuración del listado de especialidades, pero lo que es un hecho es que esto provocará una enorme incertidumbre post electoral y una avalancha de impugnaciones que seguramente terminarán siendo resueltas por un tribunal electoral capturado.
¿Qué sigue?
En la misma línea de mi texto anterior, insisto en la importancia de hacer uso de todas las herramientas de resistencia a nuestro alcance. En ese sentido, invitaría a cualquier persona afectada por estos y otros problemas a presentar su impugnación y procurar hacerlo de la manera más rigurosa posible. No porque crea que el tribunal electoral por fin hará su trabajo, sino porque considero importante, cuando menos, dejar constancia de las irregularidades y elementos que permitan orientar la inevitable reforma electoral que vendrá tras la elección.
Concluyo reconociendo con tristeza que me cuesta trabajo vislumbrar un escenario en donde nuestras instituciones electorales salgan bien libradas de este desastre. Desde hace un buen tiempo, el INE ya no es lo que llegó a ser en sus mejores momentos. En particular, el Consejo General actual nos ha quedado mucho a deber. El tribunal electoral es una nulidad. La necesidad de una reforma electoral es innegable. La pregunta es quién estará ahí para propiciar un debate profundo y necesario sobre la democracia que queremos. Quién va a dar la pelea por diseñar reglas que verdaderamente nos conduzcan por la dirección deseada. Hoy no tengo una respuesta.
* Nuria Valenzuela Márquez (@nuriav) estudió Economía y Ciencia Política en el ITAM y actualmente cursa el doctorado en Análisis Experimental del Comportamiento Social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es analista, consultora y cofundadora de Crucigrama.
1 Todas estas reglas pueden encontrarse en el Procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos para elegir en cada distrito judicial electoral, según materia o especialidad, publicado por el INE en febrero de 2025.
2 De acuerdo con el informe Resultados anticipados de la elección judicial, 77.5 % de las boletas tienen algún problema grave de equidad en la competencia electoral.
3 El listado puede consultarse en el Anexo del Procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos para elegir en cada distrito judicial electoral, según materia o especialidad, publicado por el INE en febrero de 2025.
Figura clave del ala progresista demócrata, Newsom ha convertido a California en el principal bastión de oposición a las políticas de Trump, con quien mantiene un tenso pulso en torno a las protestas en Los Ángeles.
“Es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
Así definió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas federales en Los Ángeles sin su autorización.
Ante las crecientes protestas contra las redadas migratorias, el gobierno de Trump envió 700 marines y duplicó a 4.000 el número de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Los Ángeles, lo que desató una fuerte respuesta del mandatario estatal.
Para Newsom, esto fue la realización de “la fantasía desquiciada de un presidente dictatorial” y anunció una demanda contra la Casa Blanca por violar la soberanía de California.
Este martes el político fue más allá y ofreció un discurso televisado en el que acusó a Trump de “avivar las llamas” de las protestas en su estado.
“Este descarado abuso de poder por parte de un presidente en funciones exacerbó la situación, poniendo en riesgo a nuestra gente, a nuestros oficiales e incluso a nuestra Guardia Nacional”, sostuvo.
Y agregó que el gobierno estadounidense debería enfocarse en detener la migración de personas con estatus irregular que han cometido delitos graves, no familias trabajadoras.
“Trump está desplegando una redada militar por todo Los Ángeles, mucho más allá de su intención declarada de perseguir a delincuentes violentos y peligrosos. Sus agentes están arrestando a personas que lavan platos, jardineros, jornaleros y costureras”, comentó.
“Eso es solo debilidad, debilidad disfrazada de fortaleza. El gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades. Las está traumatizando”, continuó.
Trump, por su parte, alegó que la ciudad se habría sumido en el caos de no ser por la intervención militar y sugirió que el gobernador debería ser arrestado por obstruir sus políticas migratorias.
En un discurso para conmemorar el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, el presidente llamó “animales” y “enemigos extranjeros” a los manifestantes de Los Ángeles.
“No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero. Eso es lo que son”, afirmó Trump en Fort Bragg.
Las protestas, que comenzaron tras una serie de agresivas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vecindarios latinos, se han extendido a otras ciudades y han dejado detenidos, deportaciones y enfrentamientos con las autoridades.
Y, además, han desatado un tenso pulso entre Newson, el gobernador del estado más rico y poblado de EE.UU., así como uno de los más progresistas, y Trump, el presidente que ha impuesto las políticas migratorias más estrictas de la historia reciente de Estados Unidos.
Pero, más allá de esta confrontación, ¿quién es Gavin Newsom, el demócrata que lidera California y una de las caras más visibles del progresismo en el país norteamericano?
Sus inicios y ascenso en California
Padre de 4 hijos en dos matrimonios, Gavin Newsom es un político forjado en las élites del poder en California.
Nacido en San Francisco en 1967, proviene de una familia con conexiones en círculos influyentes del estado: su padre fue juez y abogado de la hoy extinta petrolera Getty Oil.
El propio Newsom recibió apoyo financiero del magnate Gordon Getty para fundar su primer negocio, una vinoteca llamada PlumpJack, que se transformó en un grupo con más de 700 empleados.
Su carrera política comenzó en 1996, cuando el entonces alcalde de San Francisco Willie Brown lo nombró comisionado de Tráfico y Estacionamiento.
Al año siguiente fue designado para ocupar un escaño en la Junta de Supervisores de San Francisco, donde se consolidó como un centrista con enfoque empresarial y promotor de iniciativas sobre transporte público, vivienda y asistencia a personas sin hogar.
Su propuesta más emblemática fue Care, Not Cash (“Asistencia en lugar de dinero”), que sustituyó subsidios monetarios por servicios y tratamiento para personas sin hogar, lo que redujo el número de beneficiarios de asistencia directa.
En 2004 fue elegido alcalde de San Francisco y ganó notoriedad al autorizar, en abierta transgresión de la ley estatal de aquel momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ese gesto lo catapultó como una de las principales figuras del ala progresista del Partido Demócrata.
Fue vicegobernador de California desde 2011 hasta 2019, cuando pasó a gobernar el estado tras ganar meses antes las elecciones.
Su perfil combina una narrativa personal de superación -de niño le diagnosticaron dislexia y asegura que aún la sufre- con un activismo político orientado a la defensa de los derechos civiles, la inclusión y políticas públicas de izquierda.
Su gestión como gobernador
Al asumir en 2019 la gobernación de California, Gavin Newsom se puso al frente de un estado que, de ser un país independiente, ostentaría la cuarta economía del mundo, con un PIB que hoy supera los US$4,1 billones.
Su administración ha estado marcada por intensas reformas en salud, justicia, medio ambiente y derechos civiles, así como controversias que han desatado críticas tanto dentro como fuera de su partido.
En el ámbito migratorio su postura es abiertamente favorable a los inmigrantes: ha indultado a varios de ellos con antecedentes penales para evitar su deportación y ha denunciado públicamente las políticas federales de detención y deportación masiva.
Durante su mandato también ha impulsado medidas como la expansión de la cobertura médica estatal a migrantes indocumentados mayores de 50 años y, más recientemente, un plan para garantizar atención médica a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio.
Al margen de las políticas migratorias, destacó su aplicación de una moratoria a la pena de muerte, que suspendió las ejecuciones en el estado y cerró la cámara de inyección letal en San Quintín.
También ha impulsado reformas policiales, como la prohibición de técnicas de estrangulamiento y el aumento de la edad mínima para ingresar al cuerpo, además de leyes que obligan a los agentes a intervenir ante casos de fuerza excesiva.
En medio ambiente, Newsom ha decretado la obligación de cero emisiones para todos los vehículos nuevos vendidos en el estado a partir de 2035, y ha aprobado regulaciones para frenar la extracción de petróleo y fomentar el desarrollo de energías limpias.
Su gestión ha enfrentado críticas por la persistente crisis de vivienda y el aumento del número de personas sin hogar, que en 2023 superó las 181.000, así como la creciente inseguridad en las calles de las principales ciudades californianas.
También fue cuestionado por la lentitud en la vacunación contra la covid-19, el fraude millonario en el sistema de desempleo durante la pandemia y acusaciones de trato favorable a donantes en decisiones legislativas.
En 2021 superó ampliamente un intento de destitución.
Newsom volvió a estar en el centro de las críticas a principios de este año tras una feroz ola de incendios forestales que afectó a zonas densamente pobladas de California entre enero y febrero.
Los incendios dejaron más de 30 muertos y forzaron la evacuación de al menos 200.000 personas.
Aunque decretó el estado de emergencia y anunció un fondo de recuperación de US$2.500 millones, residentes afectados y líderes republicanos cuestionaron la lentitud en desplegar recursos para combatir las llamas y una falta de anticipación.
El gobernador defendió su actuación y respondió endureciendo las regulaciones para nuevas construcciones en areas de alto riesgo, además de eliminar trámites burocráticos para agilizar la reconstrucción.
“No estoy aquí para jugar a la política”, declaró Newsom ante las acusaciones.
¿Posible candidato presidencial?
Bajo el liderazgo de Gavin Newsom, California se ha consolidado como el principal contrapeso político al trumpismo en Estados Unidos.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobernador ha reforzado el carácter de su estado como bastión progresista frente a las políticas federales conservadoras.
“Esto no se trata de seguridad. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso”, escribió Newsom sobre Trump en la red social X tras el envío de tropas federales a Los Ángeles.
California también ha sido el epicentro de la resistencia a las decisiones del gobierno federal en temas como inmigración, cambio climático, aborto, cannabis y control de armas.
El propio Newsom ha señalado que busca proteger las políticas estatales progresistas ante lo que considera retrocesos impulsados por Washington.
Tras la victoria electoral de Trump en 2024, anunció que convocaría a los legisladores estatales “para blindar las leyes de California”.
Aunque reiteró públicamente que no competiría por la presidencia en 2024 -y respaldó tanto a Joe Biden como a Kamala Harris- su nombre figura con frecuencia entre los posibles aspirantes demócratas para 2028.
En julio de 2024, lanzó el podcast Politickin’ y en noviembre debatió con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un encuentro moderado por Fox News.
Aunque varios analistas lo mencionan como un posible candidato presidencial en 2028, por ahora Newsom mantiene que su prioridad es gobernar California.
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